El Programa de Estabilidad dice que se impulsarán más medidas de “moderación salarial”. Es decir, habrá bajada real de los sueldos.
Los empleados públicos, tanto del Estado como de ayuntamientos y autonomías, no han pagado por completo la factura de la crisis de las arcas públicas. Según el último Programa de Estabilidad que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado a Bruselas, las tres administraciones tendrán que impulsar un ajuste extra en la remuneración de sus funcionarios y de su personal laboral para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.
Las cifras del documento enviado a la UE hablan por sí solas. El Gobierno tiene previsto reducir el déficit en cerca de 3.000 millones (0,3 puntos porcentuales del PIB) de euros en 2011 con la congelación de los sueldos. También prevé aminorar el agujero presupuestario hasta 2013 en 8.000 millones (0,8 puntos del PIB) reponiendo sólo el 10% de las vacantes.
Y como España se ha comprometido en el mismo informe ante la UE a ahorrar 1,5 puntos del PIB entre 2011 y 2013 (esto es, cerca de 15.000 millones) a costa de los asalariados del sector público, la ecuación es sencilla: el Estado, los consistorios y las autonomías tendrán que ajustar en 4.000 millones el salario de los funcionarios mediante el mantenimiento de “un esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas”.
Esta cláusula la interpretan fuentes cercanas a Hacienda como que el Gobierno asume que tiene que reducir el gasto a costa de una pérdida de poder adquisitivo “sensible” de los empleados públicos en 2012 y en 2013. Pero estos mismos técnicos explican que hay varias cuestiones sobre la mesa que todavía no están cerradas: se podrían impulsar subidas de los sueldos inferiores al IPC, que actualmente crece a un ritmo del 3,8%. Un avance de los sueldos en el sector público de este calibre sería inadmisible en un escenario en el que el Pacto del Euro plantea que las remuneraciones se liguen a la productividad.
Los salarios tendrían que crecer por debajo de cómo evolucione el PIB real para lograr un ajuste significativo en las partidas de personal de los presupuestos.
Este plan se podría realizar en dos tandas: en los Presupuestos del Estado de 2011 y en los de 2012, que ya no estará en manos de Zapatero. Otras fuentes apuntan que la decisión podría adelantarse porque no cuadran las cuentas. Algunas fuentes cercanas a Hacienda hablan incluso de que se podrían tocar las pagas extra de los empleados. Los 4.000 millones de ajuste dan por hecho que los recortes ya impulsados tendrán los efectos previstos, algo que algunos interventores de Hacienda cuestionan.
Los pagos de personal siguen repuntando a pesar de que los salarios bajaron un 5% de media en 2010. Si esta tendencia sigue el recorte tendría que ser mayor. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron ayer al periódico Expansión que el ajuste que falta equivaldría a 0,4 puntos porcentuales del PIB. Y aclaran que esto se podría lograr con subidas del sueldo “moderadas”.
Por su parte, el sindicato USO cree que ya no hay margen para reducir los salarios base, y denunciamos que se estén impulsando medidas que perjudican el bolsillo.
Los empleados públicos, tanto del Estado como de ayuntamientos y autonomías, no han pagado por completo la factura de la crisis de las arcas públicas. Según el último Programa de Estabilidad que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado a Bruselas, las tres administraciones tendrán que impulsar un ajuste extra en la remuneración de sus funcionarios y de su personal laboral para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.
Las cifras del documento enviado a la UE hablan por sí solas. El Gobierno tiene previsto reducir el déficit en cerca de 3.000 millones (0,3 puntos porcentuales del PIB) de euros en 2011 con la congelación de los sueldos. También prevé aminorar el agujero presupuestario hasta 2013 en 8.000 millones (0,8 puntos del PIB) reponiendo sólo el 10% de las vacantes.
Y como España se ha comprometido en el mismo informe ante la UE a ahorrar 1,5 puntos del PIB entre 2011 y 2013 (esto es, cerca de 15.000 millones) a costa de los asalariados del sector público, la ecuación es sencilla: el Estado, los consistorios y las autonomías tendrán que ajustar en 4.000 millones el salario de los funcionarios mediante el mantenimiento de “un esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas”.
Esta cláusula la interpretan fuentes cercanas a Hacienda como que el Gobierno asume que tiene que reducir el gasto a costa de una pérdida de poder adquisitivo “sensible” de los empleados públicos en 2012 y en 2013. Pero estos mismos técnicos explican que hay varias cuestiones sobre la mesa que todavía no están cerradas: se podrían impulsar subidas de los sueldos inferiores al IPC, que actualmente crece a un ritmo del 3,8%. Un avance de los sueldos en el sector público de este calibre sería inadmisible en un escenario en el que el Pacto del Euro plantea que las remuneraciones se liguen a la productividad.
Los salarios tendrían que crecer por debajo de cómo evolucione el PIB real para lograr un ajuste significativo en las partidas de personal de los presupuestos.
Este plan se podría realizar en dos tandas: en los Presupuestos del Estado de 2011 y en los de 2012, que ya no estará en manos de Zapatero. Otras fuentes apuntan que la decisión podría adelantarse porque no cuadran las cuentas. Algunas fuentes cercanas a Hacienda hablan incluso de que se podrían tocar las pagas extra de los empleados. Los 4.000 millones de ajuste dan por hecho que los recortes ya impulsados tendrán los efectos previstos, algo que algunos interventores de Hacienda cuestionan.
Los pagos de personal siguen repuntando a pesar de que los salarios bajaron un 5% de media en 2010. Si esta tendencia sigue el recorte tendría que ser mayor. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron ayer al periódico Expansión que el ajuste que falta equivaldría a 0,4 puntos porcentuales del PIB. Y aclaran que esto se podría lograr con subidas del sueldo “moderadas”.
Por su parte, el sindicato USO cree que ya no hay margen para reducir los salarios base, y denunciamos que se estén impulsando medidas que perjudican el bolsillo.
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